Las primeras menciones al juego se remontan a la Edad Media. Se considera que el lugar de origen de las casas de juego es España.
Cómo se desarrolla el juego y quién lo controla
La industria del juego sigue tradiciones establecidas e introduce nuevas tecnologías. Los establecimientos de juego terrestres y los juegos de azar por Internet están permitidos oficialmente en el país.
Hasta principios de los años 20, la Península Ibérica era considerada el centro del juego. Los visitantes se reunían en salas especiales y pasaban el tiempo jugando a las cartas.
Desde principios del siglo XX, el desarrollo del lucrativo negocio tuvo que detenerse hasta la llegada al poder de Juan Carlos de Borbón. Entonces se reanudó con renovado vigor el renacimiento de la tradición.
En 1985 España ingresó en la Unión Europea. La economía empezó a florecer, y con ella llegaron nuevas casas de juego. En aquella época, el Estado obtenía buenos beneficios del juego, ya que el PIB español se situaba en el 3%.
Según las leyes del país, se cobraban impuestos a los jugadores que ganaban más de 2.500 euros. Además de los ganadores, el perdedor debía pagar impuestos, ya que se consideraba el operador de una inversión fallida. El mercado moderno lleva mucho tiempo dividido en partes: El 60% se destina a los jugadores y el 40% a las operaciones de apuestas y loterías.
El negocio del juego terrestre está en manos de 55 establecimientos repartidos por 33 ciudades españolas. Según la ley estatal, las máquinas tragaperras pueden instalarse en cualquier zona, independientemente de la presencia de un casino.
El negocio ha generado el 35% de los beneficios del Estado. Sólo dos organismos estatales, la ONCE y SELAE, están autorizados a realizar actividades de loterías y apuestas.
El negocio del juego en tierra está controlado por una autoridad administrativa constituida por comunidades autónomas. A nivel nacional, la ley permitía la creación de una nueva autoridad reguladora del juego, la Comisión Nacional, pero no pudo hacerse tan rápidamente.
La DGOJ desempeña ahora oficialmente las funciones del regulador. La organización supervisa el funcionamiento de los establecimientos de juego en todo el país.
La DGOJ se encarga de toda la documentación, la expedición de licencias y la resolución de litigios. Y también está facultada para comprobar las condiciones técnicas y poner fin a muchas infracciones.
Las comunidades autónomas podrán gravar las operaciones de juego y a los operadores de juego. Las operaciones de juego por Internet están supervisadas por el Ministerio de Hacienda. El regulador español expide una licencia general por 10 años y una especial por cinco. Las autoridades intentan periódicamente prohibir los anuncios de juegos de azar, pero hasta ahora sin éxito.